La seguridad urbana en las ciudades medias metropolitanas se desarrolla hoy en un espacio que va más allá de la delincuencia tradicional. La mayor parte de la actividad policial se concentra en la gestión de la convivencia, la prevención temprana y la atención a situaciones que afectan directamente al funcionamiento cotidiano de la ciudad.
La experiencia operativa de la Policía Municipal de Terrassa permite analizar este escenario desde la práctica real del mando policial. Conversamos con su Intendent Cap, Daniel Guillem Puig, sobre la organización del servicio, la coordinación entre cuerpos y el encaje del modelo policial actual en la seguridad urbana contemporánea.
USECIM: En una ciudad metropolitana media como Terrassa, ¿la demanda que llega al turno responde más a delincuencia clásica o a gestión de convivencia urbana?
DANIEL GUILLEM PUIG: Si bien en la pregunta se hace referencia a Terrassa como ciudad media, conviene recordar que se trata de la tercera ciudad más poblada de Catalunya, con más de 230.000 habitantes, y una realidad urbana compleja propia de una gran ciudad metropolitana. Por tanto, nuestra percepción operativa y la organización del servicio responden más al modelo de una gran ciudad que al de un municipio medio.
Dicho esto, cuando analizamos la demanda que llega a los turnos de servicio, observamos que la mayor parte de los requerimientos no está vinculada directamente a la comisión de delitos. Terrassa presenta niveles de actividad delictiva que guardan similitudes con los de otras ciudades de características demográficas y urbanas comparables, si bien los indicadores disponibles muestran resultados notablemente mejores que los de muchas ciudades de tamaño similar.
En cualquier caso, el volumen principal de demandas policiales se concentra en incidencias relacionadas con la convivencia, el uso del espacio público y conductas incívicas.
Nos referimos a situaciones como conflictos vecinales, molestias por ruidos, problemas derivados de la ocupación del espacio público, incidencias en establecimientos, pequeñas disputas comunitarias o intervenciones vinculadas a colectivos vulnerables. Este tipo de demandas representa una parte muy significativa del trabajo diario del turno.
Esto refleja una tendencia que observamos en muchas ciudades europeas: la policía local se ha convertido, en gran medida, en un gestor de la convivencia urbana. Nuestro trabajo no consiste únicamente en responder a hechos delictivos, sino también en prevenir conflictos, mediar en situaciones de tensión social y garantizar el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Por tanto, aunque la delincuencia sigue siendo un ámbito relevante de actuación, la realidad operativa demuestra que una parte muy importante del trabajo policial está vinculada a la gestión de la convivencia y al mantenimiento del orden cotidiano en el espacio público, lo que exige un modelo policial muy próximo al territorio y con una fuerte capacidad de intervención preventiva.
USECIM: Cuando coinciden varios requerimientos simultáneos, ¿qué criterio operativo prioriza realmente el mando: urgencia objetiva, impacto social o repetición del conflicto?
DGP: La priorización de los requerimientos en un turno policial responde fundamentalmente a criterios de urgencia y riesgo, es decir, a aquellas situaciones que pueden implicar un peligro inmediato para la integridad de las personas o una alteración grave del orden público. Ese es siempre el primer nivel de decisión operativa.
A partir de ahí, el mando de turno también tiene en cuenta otros factores relevantes, como el impacto social de la incidencia, su capacidad de generar conflictividad en el entorno o la reiteración del problema en un mismo punto de la ciudad. En ocasiones, no se trata únicamente de resolver un incidente puntual, sino de intervenir de forma adecuada en escenarios donde existe un conflicto recurrente que puede escalar si no se gestiona correctamente.
En la práctica, la toma de decisiones en un turno policial combina protocolos operativos establecidos con la experiencia del mando, que debe gestionar los recursos disponibles en cada momento para dar respuesta simultánea a distintas demandas. Esto exige una visión global de la situación de la ciudad en ese momento, conocimiento del territorio y capacidad para anticipar cómo puede evolucionar cada incidencia.
Por tanto, más que un único criterio, lo que existe es una combinación de factores operativos, donde la urgencia objetiva marca la prioridad inicial, pero donde el mando también valora el contexto, el impacto potencial del incidente y la dinámica del conflicto para decidir cómo y cuándo intervenir.
USECIM: ¿Hoy planifican el servicio en función del mapa de delito o del mapa de demanda ciudadana?
DGP: En realidad, la planificación del servicio no se basa exclusivamente en uno u otro criterio, sino en una combinación de ambos. El análisis del mapa de delito sigue siendo una herramienta fundamental para identificar tendencias, concentraciones de hechos delictivos y franjas horarias o zonas que requieren una mayor presencia policial.
Ahora bien, en el caso de una policía municipal, especialmente en una ciudad como Terrassa, el mapa de demanda ciudadana tiene un peso muy relevante. Nuestra proximidad al territorio hace que muchas incidencias o conflictos nos lleguen de forma directa a través de las unidades de proximidad, de los contactos cotidianos con vecinos, asociaciones o comerciantes, e incluso antes de que se produzca un hecho que requiera una intervención policial propiamente dicha.
Esto nos permite trabajar también desde una lógica preventiva, anticipándonos a determinadas situaciones de conflicto o de deterioro de la convivencia en el espacio público.
Por tanto, más que elegir entre mapa de delito o mapa de demanda, lo que hacemos es integrar ambas fuentes de información. El primero nos permite analizar la criminalidad y orientar la acción policial frente a hechos delictivos, mientras que el segundo nos ayuda a comprender mejor las dinámicas de convivencia y las preocupaciones reales de la ciudadanía.
La combinación de ambos elementos es la que nos permite planificar el servicio de forma más ajustada a la realidad diaria de la ciudad y orientar la presencia policial allí donde realmente se necesita.
USECIM: ¿Qué tipo de intervención está consumiendo más tiempo efectivo de patrulla sin reflejarse necesariamente en estadística penal?
DGP: Probablemente, una de las actividades que más tiempo efectivo de patrulla consume y que, sin embargo, no siempre queda reflejada en las estadísticas penales es la labor preventiva.
En la Policía Municipal de Terrassa trabajamos con un enfoque claramente proactivo, lo que significa que una parte importante del servicio se planifica precisamente para evitar que determinadas situaciones lleguen a convertirse en incidencias que requieran una intervención policial más compleja. Esto se traduce en dispositivos preventivos en determinadas zonas, presencia policial planificada en espacios donde sabemos que pueden producirse conflictos de convivencia o actuaciones orientadas a detectar de forma temprana situaciones que podrían derivar en problemas mayores.
Muchas de estas intervenciones no generan una estadística penal porque, precisamente, su objetivo es que el problema no llegue a producirse. Sin embargo, implican tiempo de patrulla, contacto directo con la ciudadanía, supervisión del espacio público y seguimiento de dinámicas que conocemos a través del trabajo de proximidad.
En este sentido, optamos por anticiparnos a las necesidades del territorio, abordando determinadas situaciones incluso antes de que se materialice una demanda formal de servicio. Este enfoque preventivo forma parte del modelo de policía de proximidad y, aunque no siempre se refleja en indicadores de criminalidad, tiene un impacto muy relevante en la percepción de seguridad y en la gestión de la convivencia en la ciudad.
USECIM: En los conflictos vecinales persistentes, ¿qué resulta más eficaz operativamente: denunciar, mediar o hacer seguimiento continuado?
DGP: En los conflictos vecinales persistentes no suele existir una única respuesta eficaz. Desde el punto de vista operativo, lo que funciona mejor es combinar diferentes herramientas en función de la naturaleza del conflicto y de su evolución en el tiempo.
La denuncia puede ser necesaria cuando existe una infracción administrativa o un hecho que puede tener relevancia penal, ya que establece un marco claro de actuación y permite activar los mecanismos legales correspondientes. Sin embargo, en muchos conflictos de convivencia, la simple respuesta sancionadora no siempre resuelve el problema de fondo.
Por ese motivo, la mediación y el seguimiento continuado suelen tener un papel muy relevante. En la Policía Municipal de Terrassa contamos con la URMEC, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad, que trabaja precisamente en la gestión de este tipo de conflictos, facilitando espacios de diálogo y buscando soluciones que permitan reducir la tensión entre las partes.
A su vez, también desempeña un papel importante la UPB, la Unidad de Policía de Barrio, que mantiene un contacto directo y continuado con el territorio. Esta proximidad permite conocer mejor las dinámicas de los barrios, detectar conflictos incipientes y realizar un seguimiento de aquellas situaciones que pueden cronificarse si no se interviene adecuadamente.
En la práctica, lo más eficaz suele ser una intervención escalonada, donde la mediación y el seguimiento ayudan a reconducir el conflicto, y la vía sancionadora se utiliza cuando resulta necesario para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia. Esta combinación permite abordar los conflictos vecinales de una manera más estable y duradera.
USECIM: ¿El policía actual necesita más capacidad jurídica o más capacidad comunicativa?
DGP: En realidad, el policía actual necesita ambas capacidades, ya que son competencias complementarias para el ejercicio de la función policial.
Por un lado, la capacidad jurídica sigue siendo imprescindible. La actuación policial se desarrolla dentro de un marco legal muy definido y cada intervención —desde una identificación hasta una denuncia administrativa o una detención— exige un conocimiento preciso de la normativa aplicable, garantizando que todas las actuaciones se ajusten plenamente a derecho.
Por otro lado, la capacidad comunicativa ha adquirido un peso cada vez mayor en la seguridad urbana contemporánea. Muchas intervenciones policiales no se producen en escenarios de delincuencia grave, sino en situaciones de conflicto cotidiano, problemas de convivencia o demandas ciudadanas que requieren escucha activa, explicación, mediación y gestión de expectativas.
En numerosos casos, una buena comunicación permite reducir tensiones, prevenir la escalada de conflictos y resolver incidentes sin recurrir a medidas coercitivas. Por ello, hoy en día es fundamental que el policía combine una sólida base jurídica con habilidades comunicativas y de gestión de conflictos.
Precisamente, en la PMT, al seleccionar personal, buscamos este perfil integral de agente. Para ello, en las oposiciones incorporamos pruebas como entrevistas por competencias o pruebas competenciales, orientadas a evaluar tanto la capacidad jurídica como las habilidades comunicativas y de resolución de conflictos.
En definitiva, el policía contemporáneo debe ser un profesional capaz de aplicar la ley con rigor y, al mismo tiempo, interactuar con la ciudadanía con empatía, diálogo y criterio.
USECIM: ¿Cómo se gestiona profesionalmente la reincidencia convivencial cuando no existe infracción penal clara?
DGP: Debe gestionarse con un enfoque profesional basado en prevención, mediación y registro documental.
En primer lugar, es fundamental identificar y documentar los comportamientos repetitivos que generan conflictos o molestias en la convivencia, aunque no constituyan un delito. Esto permite establecer un historial de incidencias que será útil para futuras intervenciones y para coordinar acciones con otros servicios municipales o sociales.
En segundo lugar, la intervención comunicativa y educativa cobra un papel central. El agente debe actuar como mediador, explicando las normas de convivencia, escuchando a todas las partes involucradas y ofreciendo alternativas para resolver los conflictos sin recurrir a medidas coercitivas. La empatía, la claridad en la comunicación y la capacidad de negociación son herramientas esenciales en este proceso.
Además, se recomienda coordinar con otros recursos comunitarios o sociales: servicios de mediación vecinal, programas de prevención, juntas de vecinos o servicios municipales de atención social. Esta colaboración permite abordar la reincidencia desde una perspectiva integral y no solo punitiva.
Finalmente, toda actuación debe seguir criterios de proporcionalidad, registro y seguimiento, evaluando si las medidas adoptadas logran mejorar la convivencia y adaptando la estrategia en cada caso. De esta manera, la gestión profesional de la reincidencia convivencial combina rigor en el registro, habilidades comunicativas y coordinación interinstitucional, asegurando una actuación eficaz, legal y socialmente responsable.
USECIM: En las ocupaciones, ¿la clave del éxito es jurídica o es de tiempo de respuesta?
DGP: En las ocupaciones, la clave del éxito no depende únicamente de la capacidad jurídica, sino que el tiempo de respuesta y la colaboración ciudadana son factores decisivos. La alerta temprana por parte de vecinos o testigos permite que los agentes actúen antes de que la ocupación se consolide, aumentando significativamente las posibilidades de resolución positiva.
La PMT dispone de protocolos internos bien definidos que guían a los agentes en cada actuación para asegurar que cualquier intento de ocupación se pueda prevenir o intervenir de manera rápida y legal, siempre que no se haya consolidado y los agentes lleguen a tiempo. Gracias a estos procedimientos, la PMT alcanza una efectividad cercana al 100 % en casos en los que la ocupación aún no se ha consolidado.
Desde el punto de vista jurídico, cuando la ocupación ya se ha consolidado, la intervención se complica considerablemente, ya que los procedimientos legales son más complejos y requieren coordinación con instancias judiciales, lo que limita la rapidez y eficacia de la actuación policial.
Por ello, el éxito en la gestión de ocupaciones depende principalmente de la rapidez de actuación, de protocolos claros y de la cooperación ciudadana, complementados por la capacidad jurídica cuando la situación ya se ha consolidado, pero nunca sustituyéndolos.
USECIM: ¿El ciudadano se ha convertido en parte del sistema de alerta temprana policial?
DGP: Evidentemente, el ciudadano se ha convertido en una parte fundamental del sistema de alerta temprana policial. Tal como señalábamos en la pregunta anterior sobre ocupaciones, la colaboración de vecinos y testigos que informan de posibles intentos de ocupación permite que los agentes actúen de manera rápida y eficaz antes de que la situación se consolide.
Esta participación ciudadana no solo mejora la efectividad de la PMT, que alcanza cerca del 100 % cuando se actúa a tiempo, sino que también fortalece la prevención de conflictos y la seguridad en general. La policía y la ciudadanía, trabajando de manera coordinada, forman un sistema complementario donde la alerta temprana se convierte en un factor clave para la gestión rápida, legal y segura de incidencias, evitando complicaciones jurídicas posteriores.
En definitiva, la colaboración ciudadana no sustituye la función policial, pero sí potencia significativamente la capacidad de respuesta y prevención, convirtiendo al ciudadano en un actor activo dentro del modelo moderno de seguridad.
USECIM: Gran parte de las intervenciones actuales son sociales o asistenciales. ¿La policía está ampliando funciones o está cubriendo un vacío del sistema público?
DGP: Gran parte de las intervenciones policiales actuales son de tipo social o asistencial, abordando conflictos de convivencia, problemas vecinales o situaciones que requieren apoyo ciudadano más que represión. Esto no significa que la policía esté ampliando funciones de manera arbitraria, sino que, en muchos casos, está cubriendo un vacío temporal o estructural del sistema público, actuando de manera inmediata donde otros servicios aún no han llegado o no pueden intervenir con rapidez.
En este contexto, la PMT ha desarrollado protocolos internos y formación específica para que los agentes gestionen estas situaciones con profesionalidad, combinando habilidades de comunicación, mediación y conocimiento jurídico. La intervención policial, por tanto, se orienta a prevenir la escalada de conflictos y garantizar la seguridad, sin sustituir los servicios sociales o municipales, sino complementándolos de manera coordinada.
De esta manera, la policía moderna se convierte en un puente entre la ciudadanía y los recursos públicos, garantizando una respuesta rápida y efectiva ante situaciones que requieren atención inmediata.
USECIM: ¿Qué intervención exige hoy más preparación al agente: una detención o una crisis personal compleja?
DGP: Hoy en día, ambas intervenciones exigen una preparación importante, pero son preparaciones diferentes.
Una detención requiere un conocimiento jurídico y procedimental muy claro: garantías legales, proporcionalidad en el uso de la fuerza, redacción de diligencias y respeto absoluto a los derechos de la persona detenida. Es una actuación muy reglada para la que los agentes reciben formación específica.
Sin embargo, muchas de las intervenciones actuales tienen que ver con crisis personales complejas, situaciones de vulnerabilidad o conflictos familiares donde no siempre existe una infracción penal clara. En estos casos, el agente debe aplicar habilidades de comunicación, gestión emocional, mediación y capacidad de valoración de riesgos, además de saber coordinarse con servicios sanitarios o sociales.
Por tanto, más que elegir entre una u otra, el policía actual necesita una formación cada vez más transversal, que combine preparación jurídica, habilidades comunicativas y capacidad de intervención en situaciones sociales complejas. Ese es precisamente el perfil profesional que hoy se busca en los cuerpos de policía local o municipal.
USECIM: ¿La formación policial está alineada con la realidad de la calle?
DGP: En términos generales, sí existe un esfuerzo claro para que la formación policial esté alineada con la realidad de la calle, aunque, como cualquier sistema formativo, no es perfecto y debe actualizarse constantemente para adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas tipologías de intervención.
En Cataluña, el Institut de Seguretat Pública de Catalunya desempeña un papel fundamental, ya que ofrece formación inicial y formación continua para las policías locales, incorporando contenidos relacionados no solo con el ámbito jurídico y operativo, sino también con la mediación, la comunicación o la gestión de conflictos.
Desde la PMT, nos nutrimos de esta formación del ISPC, pero también complementamos la capacitación de nuestros agentes con acciones formativas impulsadas por otras administraciones, como la Diputació de Barcelona, así como por programas y jornadas organizadas por distintos cuerpos policiales.
Además, hemos iniciado la planificación de formación interna, en la que parte de la docencia es impartida por miembros de la propia PMT. Este modelo tiene un valor añadido importante, porque permite trasladar experiencia real de servicio, compartir buenas prácticas y adaptar los contenidos formativos a las situaciones que nuestros agentes encuentran diariamente en la calle.
En definitiva, la formación policial avanza para alinearse con la realidad operativa, pero requiere actualización constante, cooperación entre instituciones y aprendizaje continuo dentro de los propios cuerpos policiales.
USECIM: En la práctica diaria, ¿la coordinación con otros cuerpos funciona por competencias o por necesidad operativa?
DGP: En la práctica diaria, la coordinación entre cuerpos policiales funciona tanto por competencias como por necesidad operativa. Existe, en primer lugar, un marco competencial claramente definido, pero, al mismo tiempo, la realidad del servicio hace que la cooperación sea constante.
En el caso de la PMT, la coordinación principal se produce con el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Esta relación está regulada por el convenio de coordinación entre ambos cuerpos, que establece el reparto de competencias y define en qué ámbitos cada cuerpo actúa como titular o como colaborador en determinados servicios. Este modelo permite ordenar la actuación policial y evitar duplicidades, garantizando una respuesta eficiente.
Además, más allá del reparto formal de competencias, compartimos múltiples estructuras y herramientas operativas, como el Sistema de Información Policial (SIP), el uso común de sistemas de comunicaciones o la formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, donde nos formamos ambos cuerpos policiales. Todo ello facilita un lenguaje operativo común y una coordinación diaria muy fluida.
Con el Cuerpo Nacional de Policía, teniendo en cuenta que dispone de competencias exclusivas en determinadas materias, también compartimos numerosos servicios y dispositivos conjuntos cuando la situación lo requiere, especialmente en ámbitos donde confluyen nuestras actuaciones.
Por lo que respecta a la Guardia Civil, la colaboración también es estrecha. De hecho, el servicio de Intervención de Armas se encuentra ubicado en nuestro propio edificio, lo que implica que no solo nos coordinamos operativamente, sino que incluso compartimos espacio de trabajo, algo que facilita el contacto diario y la cooperación.
En definitiva, la coordinación se basa, evidentemente, en un reparto de competencias, pero también en la necesidad operativa. Los distintos cuerpos coincidimos en muchos espacios y situaciones, y todos compartimos un mismo objetivo: prestar el mejor servicio posible al ciudadano y contribuir a mejorar la convivencia y la seguridad de nuestros vecinos.
USECIM: ¿El ciudadano percibe distintos cuerpos policiales o percibe un único sistema de seguridad?
DGP: En la mayoría de los casos, el ciudadano, o al menos eso espero, no percibe tanto los distintos cuerpos policiales, sino que percibe, sobre todo, un único sistema de seguridad pública al que recurre cuando necesita ayuda o protección.
Un ejemplo claro de ello es el canal principal de entrada de muchas demandas ciudadanas, que es el 112 Catalunya. Cuando un ciudadano llama al 112 ante una situación de emergencia, no lo hace pensando qué cuerpo policial debe intervenir, sino buscando una respuesta rápida y eficaz. A partir de ahí, el sistema activa y coordina a los servicios correspondientes según la naturaleza del incidente.
Desde el punto de vista institucional, sí existen funciones y competencias diferenciadas entre cuerpos como los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o las policías locales. Sin embargo, para el ciudadano, lo relevante no es tanto qué cuerpo interviene, sino que exista una respuesta rápida, profesional y eficaz cuando se produce una incidencia.
Precisamente por eso es tan importante la coordinación entre cuerpos, porque permite ofrecer al ciudadano una respuesta coherente y complementaria. Cuando esa coordinación funciona, el ciudadano percibe un sistema de seguridad integrado, en el que diferentes cuerpos trabajan de forma conjunta con un objetivo común.
En definitiva, aunque existan estructuras policiales distintas, lo que el ciudadano debiera percibir es un único sistema de seguridad pública que actúe de manera coordinada para protegerle y mejorar la convivencia.
Intendent Cap de la Policía Municipal de Terrassa, Daniel Guillem Puig.
USECIM: Desde la experiencia de mando, ¿el modelo policial español reconoce realmente lo que hoy hacen las policías locales?
DGP: Desde mi experiencia, considero que el modelo policial español reconoce formalmente a las policías locales, pero también es cierto que ese reconocimiento normativo no siempre refleja plenamente la realidad operativa que hoy asumen estos cuerpos. En gran medida, porque el marco legal que estructura el sistema policial tiene ya varias décadas y responde a un contexto muy diferente al actual.
La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue aprobada en 1986 y estableció las bases del sistema policial en España. En el caso de Cataluña, la regulación específica de las policías locales se desarrolla en la Ley 16/1991 de las Policías Locales de Cataluña, aprobada en 1991. Desde entonces han pasado más de tres décadas y, en ese tiempo, la realidad social, urbana y policial ha cambiado profundamente.
Las policías locales han evolucionado mucho: hoy gestionan una gran parte de las intervenciones cotidianas relacionadas con la convivencia, la seguridad ciudadana, la prevención, la mediación y la atención directa al ciudadano. Además, participan activamente en dispositivos de seguridad, comparten sistemas de información, coordinan actuaciones con otros cuerpos policiales y asumen responsabilidades operativas cada vez más relevantes.
Por ello, desde una perspectiva profesional, puede decirse que la realidad del trabajo diario de muchas policías locales ha avanzado más rápido que el reconocimiento formal que aparece en algunas normas. Esto no significa que el modelo no funcione, pero sí que, probablemente, sería positivo seguir actualizando el marco normativo para reflejar mejor el papel que hoy desempeñan las policías locales dentro del sistema de seguridad pública.
En definitiva, las policías locales se han convertido en actores esenciales de la seguridad pública, y el reto del futuro es que el modelo policial continúe evolucionando para acompañar esa realidad.
OSCAR ETXEBARRIA
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